La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) habilitó por unanimidad el pase al recinto del pliego de María Sol Valero para ocupar el cargo de defensora de Circunscripción en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en San Martín de los Andes. Lo hizo tras la entrevista habitual que realiza el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) a postulantes a jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras que ganaron el concurso en el Consejo de la Magistratura.

En ese marco, Valero dijo que se desempeña como defensora pública en Villa La Angostura desde diciembre de 2017 y que subroga el cargo que está concursando desde hace un año. Explicó las particularidades de la circunscripción, que tiene sedes en San Martín de los Andes, Junín y Villa la Angostura, y mencionó que uno de los proyectos que buscará implementar será la digitalización.

Aseguró que no es objetora de conciencia y que en su trayectoria laboral nunca le tocó “una situación que no pudiera afrontar desde el profesionalismo”. Señaló que el estado de los lugares de alojamiento “es terrible” e hizo referencia a la superpoblación en las comisarías y unidades de detención que hace necesaria la aplicación de medidas alternativas como la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. “Por suerte los jueces también son conscientes de esta situación y solemos tener un resultado favorable cuando está bien trabajada”, expresó.

Consultada por su opinión sobre la baja de la edad de imputabilidad, afirmó que es una medida que se opone a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño y atenta contra el principio de progresividad. Aseguró que la incidencia de hechos con participación infantil o adolescente “es ínfima” en relación con el total y remarcó que el encierro debe ser el último recurso. Al respecto, se pronunció a favor de invertir recursos para brindar alternativas educativas y de salud. “Entiendo que es factible la baja de edad de punibilidad si se prevé qué vamos a hacer con estos con chicos que queden captados por el sistema penal”, indicó tras enfatizar que la sanción “tiene que ser siempre no punitiva” y orientarse a un tratamiento a través de un espacio terapéutico o educativo.

En otro tramo, mencionó que la mayoría de los hechos en los que interviene están atravesados por situaciones de consumo problemático de sustancias y advirtió sobre la falta de recursos para abordarlas.

En cuanto al Código Procesal Penal, objetó algunas de las modificaciones realizadas por considerar que desvirtuaron el “espíritu original” y puso como ejemplo, la restricción de salidas alternativas para la solución de conflictos. También planteó reparos a las propuestas para incorporar la figura de la “reiterancia delictiva” como requisito para solicitar la prisión preventiva al argumentar que no va a agilizar el desarrollo del proceso y que va a agravar la situación carcelaria. Dijo que tanto las reformas como las interpretaciones de algunos puntos que están realizando el Tribunal de Impugnación y el Tribunal Superior de Justicia encorsetan el Código y le hacen perder su espíritu.

En otro orden, el cuerpo votó por unanimidad el despacho para declarar de interés legislativo el evento “Zapala Ruge”, que se desarrollará del 30 de noviembre al 1° de diciembre en el Centro Cristiano Familiar de esa localidad.